Resumen: Novación de cláusula suelo con inclusión de cláusulas de renuncia de acciones. Admisibilidad del recurso. Las cuestiones planteadas en este recurso han sido ya resueltas en la jurisprudencia establecida a partir de las sentencias 580/2020 y 581/2020, de 5 de noviembre, en el sentido de declarar la validez del acuerdo novatorio por el que se reduce o elimina la clausula suelo, y la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones por falta de transparencia. Su aplicación al caso determina que se declara la validez de la estipulación del contrato en que se reduce el tipo de interés mínimo al 1,25%, y la que luego lo elimina en contrato ulterior, y la nulidad de las cláusulas de renuncia de acciones incluidas en tales contratos al no superarse el control de transparencia por no constar la información ofrecida al respecto a la consumidora, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la inicial cláusula suelo hasta la suscripción del primer acuerdo novatorio.
Resumen: Nulidad de cláusula de gastos y de restitución de las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia de su aplicación. La sentencia de primera instancia declaró la nulidad de las cláusulas de gastos e intereses moratorios, estimando prescritas las reclamaciones de cantidad derivadas de la nulidad de la estipulación sobre gastos e intereses moratorios, en este último caso, por lo abonado en exceso en concepto de impuestos. La sentencia recurrida rechazó la prescripción y condenó al banco a restituir lo pagado por gastos de notaría, registro, tasación y gestoría, además de lo derivado de la nulidad de la cláusula de intereses moratorios por lo abonado en exceso en concepto de impuestos. Al no haber probado la parte demandada que los consumidores tuvieran conocimiento de la abusividad de la cláusula de gastos en el marco de sus relaciones contractuales, antes de la firmeza de la sentencia que declaró su nulidad, no cabe considerar que la acción de restitución estuviera prescrita. Consecuencias de la nulidad de la cláusula de intereses moratorios pactada en un préstamo hipotecario sobre la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En el marco de un proceso civil de restitución de prestaciones tras la nulidad de un contrato, no procede que la entidad prestamista reintegre al prestatario la diferencia entre lo abonado por este por razón del IAJD y lo que habría abonado de no haberse incluido en la base imponible los intereses moratorios, porque el banco no fue el beneficiario de que la cuota fuera mayor sino la Administración Tributaria, a la que el prestamista puede reclamar el exceso.
Resumen: Acción de restitución de los gastos hipotecarios indebidamente abonados por el consumidor prestatario, en virtud de la cláusula de gastos declarada nula. La distinción entre el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de la cláusula abusiva y el carácter prescriptible de la acción de restitución derivada de esa nulidad no se opone a los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 (TJUE de 13 de marzo de 2025, C-230/24). Prescripción de la acción de restitución. Reiteración de doctrina jurisprudencial (STJUE C- 561/2021; STS de pleno 857/2024): salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos. En el caso, no se ha probado por el banco demandado que el consumidor tuviera conocimiento de la abusividad de la cláusula de gastos en el marco de sus relaciones contractuales, antes de la firmeza de la sentencia que declaró su nulidad, por lo que no cabe considerar que la acción de restitución estuviera prescrita. Costas de primera instancia: se imponen al banco en virtud de la doctrina TJUE.
Resumen: La sentencia de la Audiencia, que revoca la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la cláusula suelo y rechazó la validez del clausulado del contrato privado de novación y de renuncia de acciones, estima el recurso de apelación de la entidad demandada. Considera que la cláusula suelo inserta en la escritura de préstamo supera el control de transparencia. La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la parte demandante. Aduce, resumidamente, que la sentencia de la Audiencia no cita ni aplica la jurisprudencia del TS en materia de renuncia a la reclamación de cantidades devengadas por la aplicación de la cláusula suelo inserta en un acuerdo transaccional. La sala desestima el recurso. Aprecia la concurrencia de una causa de inadmisibilidad, al plantear cuestiones que no afecten a la "ratio decidendi" de la sentencia (rebatir argumentos que no constituyen la razón determinante de la sentencia recurrida). Razona que la Audiencia considera que la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo, que reputa válida, cumple la exigencia de transparencia, conclusión que, al no haber sido cuestionada, debe ser respetada en casación. Reputada valida la cláusula suelo, los prestatarios nada tenían que reclamar a la entidad prestamista por la aplicación de dicha cláusula suelo. Por tanto, la validez de la renuncia al ejercicio de acciones resultaba irrelevante. La causa de inadmisión apreciada en sentencia se convierte en causa de desestimación del recurso.
Resumen: Demanda de nulidad de sendas cláusulas suelo incluidas en dos escrituras de préstamo hipotecario por ser abusivas, frente a la cual la entidad financiera alega la existencia de una novación. La sala estima el recurso por infracción procesal por error en la valoración de la prueba, patente y verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haber sido objeto de novación solo uno de los contratos. Al asumir la instancia, la sala reitera la doctrina contenida en las sentencias 580 y 581/2020, de 5 de noviembre, y en el caso, considera válido el acuerdo privado en lo relativo a la novación de la cláusula de interés del préstamo hipotecario, sin perjuicio de que se mantenga la declaración de nulidad de la cláusula suelo original y se deba restituir lo indebidamente cobrado por la entidad financiera hasta la firma del acuerdo novatorio. Por el contrario, la sala declara la nulidad de la renuncia de acciones porque el consumidor no ha podido conocer cabalmente las consecuencias económicas derivadas de la renuncia y, por tanto, la cláusula de renuncia litigiosa no supera el control de transparencia material. En cuanto al otro préstamo hipotecario, en el que ninguna novación ha tenido lugar, la sala declara la nulidad de la cláusula suelo contenida en el mismo, al no haberse practicado prueba alguna en estos autos que acredite la transparencia de la condición del contrato que establece dicha cláusula suelo.
Resumen: Acción de restitución de los gastos hipotecarios indebidamente abonados como consecuencia de una cláusula nula por abusiva en un contrato con consumidores. Determinación del momento de comienzo del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución. Allanamiento del banco recurrido. La Sala reitera: i) que el allanamiento de la parte recurrida-demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil; y ii) que el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado. En consecuencia, la Sala con estimación del recurso, al asumir la instancia confirma la restitución acordada en la sentencia del juzgado de primera instancia por la nulidad de la cláusula de gastos, y cuya prescripción apreció la Audiencia Provincial, manteniendo la condena en costas de primera instancia pese a la estimación parcial conforme a la doctrina del TJUE.
Resumen: Reiteración de jurisprudencia. Se demanda en un procedimiento sobre condiciones generales de la contratación, la nulidad de cláusulas de gastos, y devolución de cantidades. La sentencia de primera instancia estimó la demanda . Recurrió en apelación la entidad bancaria demandada y la Audiencia estimó el recurso , consideró prescrita la acción de restitución. Recurrió en casación la parte actora sobre la prescripción. La entidad recurrida se allanó a todas las pretensiones del recurso de casación, por lo que se estimó íntegramente. Al asumir la instancia mantiene la revocación de la restitución parcial del impuesto de actos jurídicos documentados derivada de la nulidad de la cláusula de intereses moratorios al ajustarse en todo caso a la doctrina reiterada de esta sala (Sentencias 727/2021, de 27 de octubre, 434/2022, de 30 de mayo, y 1622/2023, de 21 de noviembre). Reiteración de jurisprudencia sobre el allanamiento (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero , 571/2018, de 15 de octubre , 173/2020, de 11 de marzo y 1127/2024, de 16 de septiembre).
Resumen: Condenado el banco recurrente a devolver al comprador las cantidades anticipadas por este a la promotora, la controversia en casación se centra en determinar si la Ley 57/68 era aplicable al caso, y en caso afirmativo, si fue conforme a la jurisprudencia de la sala la declaración de responsabilidad de la entidad bancaria recurrente como receptora de los anticipos. En primer lugar, declara que no ha quedado acreditado que la vivienda se adquiriera para uso no residencial. En segundo lugar, declara que, consta que, con relación a las cantidades que se reclaman, el comprador utilizó sin justificación una mecánica de pagos en virtud de la cual no fue él mismo o la promotora quienes las ingresaron en una cuenta de la promotora sino que los ingresos los realizó un tercero ajeno al contrato, en concreto una mercantil, sin que conste que hiciera indicación del concepto al que correspondían esos ingresos ni que mencionara al comprador por cuya cuenta los hizo. Este modo de proceder impidió que el comprador pudiera ser identificado por el banco recurrente como titular de los derechos irrenunciables de la Ley 57/68. La contradicción entre los términos del contrato y el tiempo y la forma del anticipo reclamado en la demanda no permiten imponer al banco una responsabilidad tan rigurosa como es la de la Ley 57/68 cuando ha habido una absoluta falta de rigor en el cumplimiento de los términos del contrato de compraventa relativos a los anticipos a cuenta del precio de la vivienda.
Resumen: El art. 21.1 LEC establece que "cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste". Conforme a reiterada jurisprudencia, el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En consecuencia, se estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, se confirma la sentencia de primera instancia, desestimando el recurso de apelación.
Resumen: Reclamación de cantidad en concepto de indemnización por los daños y perjuicios derivados de un accidente escolar padecido por una niña. En primera y segunda instancia se desestimó la demanda. Se desestima el recurso de casación interpuesto por los padres. En primer lugar, declara que no se puede presumir la culpa del profesor y ni del colegio; sin duda se trata de un daño enorme y absolutamente inusual, pero que es consecuencia de un riesgo infrecuente en los juegos y actividades deportivas practicadas por los niños, lo que no implica la negligencia de los demandados. En segundo lugar, declara que el golpe ocasionado por otra niña al continuar jugando según las instrucciones impartidas y durante el normal desenvolvimiento del juego cuando el profesor se acercó a la fuente para asistir a una tercera niña, no es consecuencia de una falta de vigilancia del profesor, sino de un acontecimiento desgraciado por sus consecuencias, pero que tuvo lugar de manera instantánea, por lo que descarta responsabilidad por falta de vigilancia. En tercer lugar, descarta la inidoneidad del juego, reiterando que la sentencia recurrida ha descartado los argumentos de la parte recurrente, y ha considerado el accidente como fortuito e imprevisible en el normal desarrollo de una actividad física con un riesgo natural. Concluye que la patología sobrevenida es infrecuente y extraña, de diagnóstico complejo e inhabitual, sin que los profesores pudieran prever la gravedad del resultado sufrido.
